Cuando una empresa decide vender al Estado en Chile, hay un documento que aparece en casi todas las etapas del proceso y que, si se pasa por alto o se presenta mal, puede echar abajo semanas de preparación: la declaración jurada, un instrumento legal que compromete la veracidad de lo declarado y que tiene consecuencias reales cuando se entrega con errores, con datos desactualizados o, simplemente, no se entrega.

Y en 2024 las reglas cambiaron. El nuevo Reglamento de Compras Públicas actualizó las exigencias, sumó nuevos tipos de declaración y amplió las causales que pueden dejar a una empresa fuera del juego. Muchos proveedores aún no lo saben.

Este artículo explica qué es la declaración jurada en Mercado Público, qué tipos existen en 2026, en qué etapa del proceso se exige cada una, cómo se genera desde la plataforma y qué consecuencias concretas tiene presentarla con errores.

¿Qué es la declaración jurada en contratación pública?

En el contexto de Mercado Público, una declaración jurada es un documento legal mediante el cual un proveedor declara bajo juramento que cumple con los requisitos legales para participar en procesos de compra del Estado. La diferencia con un formulario común es clave: al hacerse bajo juramento, tiene valor probatorio y genera responsabilidad penal si la información resulta falsa.

Lo que el proveedor le dice al Estado a través de este documento es, en términos simples: "Cumplo con todos los requisitos para participar en este proceso y lo declaro formalmente, asumiendo las consecuencias si no es así."

Tipos de declaraciones juradas que existen en 2026

No hay un único tipo. El marco normativo actual contempla varias modalidades según quién las suscribe, en qué etapa del proceso se encuentran y con qué objetivo.

Declaración jurada de beneficiarios finales

Esta es la más relevante para las empresas proveedoras desde diciembre de 2024 y la que más cambios trajo. La suscriben las personas jurídicas (sociedades, empresas, cooperativas) al inscribirse o renovar en el Registro de Proveedores.

Su contenido va más allá de listar socios y administradores: exige declarar los beneficiarios finales, es decir, las personas naturales que poseen el 10% o más del capital de la empresa, que pueden elegir directores o administradores, o que ejercen control efectivo sobre la organización. Esta exigencia busca transparentar quiénes están realmente detrás de cada empresa que contrata con el Estado.

Declaración jurada de ausencia de inhabilidades

Todo proveedor que participa en compras públicas debe acreditar que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad de la Ley 19.886. La Ley 21.634 amplió significativamente este listado. Hoy quedan inhabilitados para contratar con el Estado, entre otros, quienes:

• Tengan condenas por delitos tributarios, cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
• Registren condenas por prácticas antisindicales o infracción de derechos fundamentales de trabajadores.
• Tengan deudas tributarias superiores a 500 UTM por más de un año, o entre 200 y 500 UTM por más de dos años.
• Tengan deudas previsionales o de salud pendientes por más de 12 meses.
• Estén en proceso de liquidación concursal.
• Hayan sido eliminados o suspendidos previamente del Registro de Proveedores.

Esta acreditación se refleja principalmente en el estado "hábil" del Registro, pero las Bases de cada licitación pueden exigirla también como anexo formal al momento de presentar la oferta.

Declaraciones juradas en las bases de licitación

Cada proceso de licitación puede requerir declaraciones juradas adicionales como parte de la oferta. Son definidas por la entidad licitante y se incluyen como anexos en las Bases Administrativas. Las más frecuentes son:

• Declaración de conflicto de interés: el oferente certifica no tener relación de parentesco ni vínculos de interés con funcionarios de la entidad compradora.
• Declaración de ausencia de colusión: el proveedor declara no pertenecer al mismo grupo empresarial que otro oferente en el mismo proceso.
• Declaración de veracidad de antecedentes: garantiza que todos los documentos adjuntos son fidedignos.

Un punto práctico importante: el Decreto 661/2024 establece que las Bases no pueden exigir documentos que ya estén disponibles en el Registro de Proveedores. Esto reduce la carga documental para quienes mantienen su registro actualizado.

Declaración de patrimonio e intereses (para funcionarios públicos)

No solo los proveedores tienen obligaciones. Los funcionarios y trabajadores que participan en procesos de contratación pública deben suscribir su Declaración de Patrimonio e Intereses en el portal de la Contraloría General de la República. Se actualiza anualmente en septiembre, y su omisión puede derivar en responsabilidad administrativa e incluso penal.

¿Cuándo se exige cada declaración en el proceso de compra?

El momento en que se requiere cada declaración importa tanto como su contenido:

• Antes de cualquier proceso (Registro de Proveedores): es cuando se suscriben la declaración de beneficiarios finales y se acredita la ausencia de inhabilidades. Sin esto, el proveedor no puede participar en ningún proceso.
• Al presentar la oferta: las Bases de cada licitación indican qué declaraciones adicionales deben adjuntarse como anexos. Deben entregarse antes del cierre de ofertas.
• En la adjudicación: ninguna entidad puede adjudicar a un proveedor que no esté en estado hábil en ese momento.
• Al firmar el contrato o la orden de compra: se verifica nuevamente el estado hábil del adjudicatario.
• Durante la ejecución: si hay cambios en la composición societaria o en los beneficiarios finales, la declaración debe actualizarse en el Registro dentro de los plazos establecidos.

‍¿Cómo descargar y presentar la declaración jurada desde Mercado Público?

El proceso varía según el tipo de declaración.

• Para la declaración de beneficiarios finales (Registro de Proveedores): se ingresa a Mercado Público con Clave Única del representante legal o con Clave Tributaria de la empresa. Al iniciar o renovar la inscripción, la plataforma activa un formulario en línea que guía el proceso paso a paso. Una vez completado y firmado electrónicamente, el documento queda almacenado en la ficha del proveedor, visible para cualquier entidad pública.
• Para las declaraciones en licitaciones específicas: se accede a la ficha del proceso en Mercado Público y se descargan los documentos desde la pestaña de Bases o Anexos. Generalmente vienen en formato Word o PDF editable. Se completan, se firman (física o electrónicamente, según lo indiquen las Bases) y se adjuntan al subir la oferta en la plataforma antes del cierre.

Un error frecuente: adjuntar el anexo sin firma o con campos en blanco. Las entidades evaluadoras revisan estos documentos en detalle, y una declaración jurada incompleta puede dar lugar a la inadmisibilidad de la oferta completa.

¿Qué ocurre si se presenta una declaración jurada con errores u omisiones?

Las consecuencias son concretas y van en escalada.

• Inadmisibilidad de la oferta: si la declaración exigida en las Bases no se adjunta al presentar la oferta, esta puede ser declarada inadmisible. Hay un matiz: la normativa permite a las entidades solicitar la corrección de errores formales dentro de un plazo breve, siempre que las Bases lo contemplen y que subsanar el error no otorgue ventaja comparativa. En ese caso, se aplica un descuento de puntaje, pero la oferta sigue en competencia.
• Suspensión o eliminación del Registro: si los datos declarados resultan falsos o engañosos, la Dirección ChileCompra puede suspender o eliminar al proveedor del Registro. La normativa establece un plazo de 10 días para corregir la información una vez notificado, pero si no actúa, la sanción queda en firme.
• Inhabilitación para contratar: quedar eliminado del Registro equivale a quedar fuera de todos los procesos de compra pública durante el período que establezca la resolución. El impacto en el flujo comercial de la empresa es directo e inmediato.
• Responsabilidad penal: quien firma una declaración jurada con información falsa queda expuesto a las consecuencias del Código Penal. Para personas jurídicas, se suma la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, que puede derivar en multas y prohibición de contratar con el Estado.

Errores más comunes al presentar la declaración jurada

Conocer la normativa es el primer paso, pero los problemas que más se repiten son operativos:

No actualizar el Registro de Proveedores es el más frecuente. Si la empresa tuvo cambios societarios o en sus beneficiarios finales y no los registró, la declaración queda desactualizada. Eso puede generar inconsistencias que la entidad compradora detecte al momento de evaluar o adjudicar.

No revisar los anexos de cada proceso también genera problemas. Lo que era suficiente en una licitación anterior puede no serlo en la siguiente, si las Bases incorporan nuevas exigencias.

Mantener el Registro de Proveedores en estado hábil y actualizado es la medida preventiva más eficaz.

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