¿Cuál es el objetivo de la Ley del Lobby?

El objetivo central es regular la influencia de intereses privados sobre las decisiones públicas, obligando a autoridades y altos funcionarios a transparentar las reuniones, viajes y donativos recibidos que provengan de personas naturales o jurídicas con intereses en sus decisiones. En compras públicas, esto garantiza que los procesos de licitación y adjudicación se realicen sin presiones indebidas ni conflictos ocultos.

¿Qué se considera lobby en el contexto de compras públicas?

Se considera lobby toda gestión, reunión o comunicación formal realizada con la intención de influir en decisiones administrativas relacionadas con:

Por ejemplo, si un proveedor solicita una reunión para influir en las condiciones de una licitación futura, esa gestión puede estar sujeta a registro como lobby.

¿Qué autoridades y funcionarios están obligados a cumplir la Ley del Lobby?

Están obligados a declarar gestiones de lobby los siguientes cargos públicos, entre otros:

La ley aplica a cualquier funcionario que tenga poder de decisión sobre una contratación o proceso administrativo.

¿Cuándo una gestión debe ser registrada como lobby?

Debe registrarse cuando la gestión:

No se consideran lobby las consultas técnicas, aclaraciones generales o preguntas públicas a través del foro de Mercado Público.

¿Qué obligaciones tienen los proveedores respecto a la Ley del Lobby?

Los proveedores deben:

Ignorar la Ley del Lobby puede exponer a la empresa a sanciones administrativas o incluso exclusión de procesos de compra.

¿Dónde se registran las gestiones de lobby?

Toda gestión de lobby debe ser registrada en el sitio oficial: www.leylobby.gob.cl

Ahí se encuentran los registros públicos de audiencias, viajes y donativos, desglosados por institución, autoridad y fecha. Este portal permite a cualquier ciudadano conocer quién se ha reunido con quién y para qué.

Buenas prácticas para proveedores en relación con la Ley del Lobby

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