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El pasado 11 de diciembre se publicó en el diario oficial el proyecto de ley que moderniza la Ley 19.886, más conocida como Ley de Compras Públicas. Esta iniciativa, que comenzó su camino en marzo del 2021, busca fortalecer la institucionalidad detrás de las compras que realizan los más de 900 organismos del Estado; e impulsar la participación de empresas de menor tamaño.
Entre los principales focos de cambio, se encuentra la creación de 3 nuevas modalidades de compra, el fortalecimiento de la Dirección de ChileCompra para introducir mayores estándares de probidad, transparencia, eficiencia y eficacia; así como mejorar el Tribunal de Contratación Pública. Además, la prioridad principal será el promover la participación de empresas de menor tamaño y proveedores locales, junto con la introducción de principios de economía circular.
En su votación, la mayoría de los legisladores destacaron “la importancia de adecuar el sistema de compras públicas a las condiciones actuales de la economía del país”. De esta forma, el objetivo que se traza es lograr avanzar hacía una gobernanza digital, la interoperatibilidad de las instituciones y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago del Estado.
Parte principal de todos los cambios que se buscan implementar con este proyecto de ley, es facilitar la participación de proveedores locales de todos los tamaños. Con ello, hacer mucho más eficientes los procesos burocráticos que permiten a los organismos públicos adquirir y contratar bienes y servicios a través de Mercado Público.
Buscando mayor transparencia en contrataciones de interés público, uno de los puntos importantes es la incorporación de organismos autónomos constitucionales como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. De esta forma, se amplia el espectro de “clientes” para las miles de empresas registradas en el portal de compras públicas del país.
Dentro de las novedades en modalidades de compra, se anunció la implementación de 3 nuevas modalidades de compra: subasta inversa electrónica, diálogos competitivos y contratos para la innovación.
Con la subasta inversa, los servicios públicos podrán generar compras de demanda transversal y los proveedores presentarán sus mejores ofertas. Cada parte deberá presentar sus precios, costos y tiempos de entrega, y el sistema automáticamente asignará un puntaje que determinará la adjudicación de la venta. Un ejemplo de este tipo de ventas es lo que aplica la OSCE en Perú, donde existe esta misma modalidad para las contrataciones hechas por Seace.
En segundo lugar, los diálogos competitivos corresponden a un proceso de licitación en el que el comprador establece sucesivas conversaciones con los oferentes para lograr una solución optima a su necesidades. Es, de alguna forma, una manera de concretar lo que hoy conocemos como cotizaciones o consultas al mercado. Especialistas han recomendado que esta modalidad se ajuste a necesidades que tengan una oferta relativamente limitada en el mercado.
Y para acelerar los avances hacia la modernización del Estado, también se contempla la creación de la modalidad para contratos ligados al mundo de la innovación. Esta forma de contratación busca responder a la recurrente necesidad de organismos públicos a contratar productos o servicios de difícil especificación y que podrían no estar disponibles en el mercado. Esto da pie a contratos de larga duración, abriendo mercado a soluciones innovadoras y creadas específicamente para determinadas áreas e instituciones.
Estas tres nuevas modalidades comenzarán a regir 18 meses después de la publicación de la ley en el diario oficial. Por otra parte, también se contemplan cambios para algunas ya existentes. Lo que más destaca es la ampliación de Compra Ágil, que ahora solo será exclusiva para empresas de menor tamaño y se aplicará para adquisiciones de hasta 100 UTM ($6.300.000 de pesos aprox.). Esta exclusividad para empresas pequeñas también aplicará para la Unión Temporal de Proveedores, buscando fortalecer la presencia de este tipo de empresas en el sector de las compras públicas.
Para fortalecer los principios de probidad del sistema, este proyecto de ley ampliará el universo de personas inhabilitadas para participar de procesos de compras públicas. Es decir, no solo se incluirán a directivos de los servicios que estén buscando realizar una contratación, sino que a todos los funcionarios del mismo departamento. En el caso de directivos, esta inhabilidad regirá hasta 1 año después de abandonar el cargo.
Por el lado de las empresas participantes, se sumará la ampliación de las causales de inhabilidad para ser parte del Registro de Proveedores. Además, se regulará la inadmisibilidad de las ofertas en caso de que se presenten ofertas simultáneas a un mismo bien o servicio, por parte de empresas del mismo grupo empresarial.
Al primer año de implementación de esta ley, se realizarán cambios importantes que van a modificar el panorama actual de las compras públicas en Chile.
Lo primero, y como ya lo hemos comentado, es la reestructuración a la modalidad Compra Ágil, que tendrá un nuevo tope de 100 UTM ($6.600.000 aprox.). Su uso será para contratación exclusiva de empresas de menor tamaño y cuya procedencia sea de la misma región que el organismo contratante.
Por otro lado, entrarán nuevos organismos que se verán regulados por la Ley de Compras, entre los cuales destacan las corporaciones y fundaciones municipales, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el SERVEL, entre otras instituciones.
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